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La Cocopa impulsa diálogo nacional hacia la construcción de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

23 de septiembre de 2026 · Interacciones Noticias
Foto: Cámara de Diputados

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (Cocopa), que preside la diputada Irma Juan Carlos (Morena), organizó en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Foro Nacional de Análisis y Diálogo Parlamentario hacia una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Al dar la bienvenida, la diputada Juan Carlos resaltó que estamos en una ruta muy importante hacia el proceso histórico de consulta y en la construcción de una iniciativa de ley, para lo cual “hoy están todas las voces representadas”.

“Agradecemos que hayan aceptado la invitación para que en esta soberanía puedan compartir los trabajos que se realizan en la construcción de esta iniciativa y en la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos”, señaló.

Subrayó que la iniciativa de ley contempla un texto con 453 artículos y su columna vertebral será ser sujetos de derechos.

A su vez, la diputada Mónica Fernández Cesar (Morena) informó que presentó una iniciativa de ley para que los carnavales tengan apoyo y protección al ser expresiones artísticas materiales e inmateriales, lo que limita su trascendencia y permanencia.

Planteó modificar la propuesta de ley en lo relativo a que los pueblos y comunidades afromexicanas tengan derecho a la recuperación, conservación, protección y desarrollo de su patrimonio cultural, incluyendo los carnavales.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó que uno de los propósitos de la ley es contribuir a que haya paz y justicia en los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas.

“El tema que hoy nos ocupa, esta construcción colectiva de la ley encuentra su razón de ser en la reforma al artículo 2º de nuestra Carta Magna el 2024, que es, sin duda alguna, un acto de justicia elemental”, puntualizó.

El secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Hernández Hernández, aclaró que lo que se busca con dicha ley es establecer cómo ejercer los derechos sin incorporar nuevos o quitar los ya vigentes, además de que establece mecanismos para superar si una resolución de una autoridad comunitaria es válida o no.

“Esa resolución, cuando se considere que ha violado un derecho humano contenido en la Constitución Política o en un tratado internacional, será cuestionado por vía constitucional”, advirtió.

Luis Enrique Cordero Aguilar, secretario de Enlace y Coordinación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionó que ha sido una población históricamente invisibilizada a pesar de su papel de importancia en la construcción del Estado mexicano, en su historia y aportaciones.

Karen Cabrera Valadez, oficial de género del Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR, apuntó que las mujeres indígenas y afromexicanas han sido invisibilizadas en el espacio público, por lo que han tenido una lucha doble, razón por la cual hablar de que sean sujetas de derecho público en una ley es de celebrarse.

La presidenta de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Colegiada del Poder Judicial en Oaxaca, Margarita Leonor Gopar Pérez, afirmó que se trata de un momento histórico porque se da visibilidad a los pueblos y comunidades indígenas, la cual se les había negado, además de que es una propuesta fruto de la lucha y organización de estas poblaciones, ya que las reformas anteriores solo eran de carácter político.

Maira Olivo Paz, coordinadora del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo, FUNDAR, subrayó la relevancia de la participación de los pueblos y comunidades indígenas para que esta iniciativa de Ley General se revise a la luz del parámetro de rigurosidad constitucional y convencional que debe existir. “Es importantísimo que las comunidades estemos pendientes de las discusiones y cambios que se propongan”.

Rodolfo Moreno Cruz, presidente de la Barra de Abogados “Carlos Santiago Nino”, apuntó que si no existe claridad de qué autoridad competente es el que va a respetar mi derecho, éste se quedará como un derecho frustrado.

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