Comisión de Transparencia fundamenta dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral
• “No se trata de una ley para cobrar el predial; eso le corresponde a cada municipio y a cada estado”: diputado Mejía Berdeja
• Desecha el Pleno mociones suspensivas presentadas por diputada y diputados del PAN, PRI y MC
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), expuso los fundamentos del dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
Indicó que el objetivo de la nueva ley es claro: contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad, por lo cual es una ley de alto interés público. “Una vivienda, un inmueble, un terreno representan años de trabajo”.
La propiedad --dijo-- no debe quedar expuesta a registros contradictorios, trámites innecesarios, información falsa, decisiones discrecionales y mucho menos a la corrupción. El catastro describe dónde está un inmueble, cuánto mide y cuáles son las características.
Además, el Registro Público de la Propiedad da publicidad a los actos y derechos inscritos sobre ese inmueble y esa propiedad, y cuando sus datos no coinciden son manipulados, aparecen dificultades que las personas deben resolver muchas veces con tiempo y dinero que no tienen. “Esto da pie a juicios larguísimos, a sobornos, pero también a la corrupción inmobiliaria”.
Con el dictamen, añadió, se busca que los catastros y los registros públicos compartan información de manera segura y puedan descubrirlas de manera oportuna para corregirlas conforme a la ley.
Recordó que la propuesta deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca reglamentar la facultad que tiene el Congreso de la Unión para establecer una Ley General en la materia, dado que esta base constitucional data de 2013.
La ley establece planes nacionales, criterios comunes para los trámites y herramientas digitales que faciliten la coordinación entre autoridades. Habrá una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble. Esto será una especie de Curp para cada inmueble, “para que no haya que aparece un mismo inmueble con dos propietarios”, subrayó.
Mejía Berdeja mencionó que el texto incorpora claramente los principios de respeto al federalismo y a la autonomía municipal. La Plataforma Catastral Municipal se concibe como un mecanismo de coordinación tecnológica. La gestión y el uso de la información permanecen bajo la competencia de los estados y los municipios y la responsabilidad será de las autoridades correspondientes.
“Lo que se plantea es coordinación, no centralización. Compartir herramientas y estandarizar los registros no significa sustituir a los gobiernos locales. Esta ley no crea nuevos impuestos ni transfiere a la Federación la recaudación del predial. No se trata de una ley para cobrar el predial, eso le corresponde a cada municipio y a cada estado”, enfatizó.
Además, la ley prevé consecuencias por el incumplimiento en términos de las leyes de responsabilidades administrativas federal y locales aplicables. También, la utilidad del catastro alcanzará para una mejor planeación urbana. “Esta ley --aseguró-- va a beneficiar la transparencia inmobiliaria, la homologación de los catastros y los registros públicos en todo el territorio nacional”.
Desechan mociones suspensivas
En votación económica, se desecharon tres mociones suspensivas presentadas por la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) y por los diputados Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI), para suspender la discusión y votación del dictamen, devolverlo a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, profundizar en el análisis y convocar a las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios, a efecto de conocer su opinión.