Bárcena pide transformar modelo económico por justicia climática
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, llamó a transformar el modelo económico del país para enfrentar la crisis climática y colocar la conservación de los ecosistemas en el centro de las decisiones públicas. La funcionaria participó en la conferencia magistral "Justicia climática y ambiental", realizada en la Universidad Iberoamericana como parte de un seminario interinstitucional organizado junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Bárcena afirmó que "no puede haber justicia social sin justicia ambiental" y señaló que las comunidades en condiciones de pobreza son las que enfrentan mayores afectaciones por el cambio climático en México. Agregó que los países desarrollados tienen responsabilidad de financiar una transición justa y atender las pérdidas y daños derivados del fenómeno.
La funcionaria anunció que México elabora su Plan Nacional de Adaptación, que será presentado en la COP31, con el objetivo de ofrecer a la población información accesible sobre riesgos climáticos en sus municipios. Indicó que se construye una plataforma interactiva y georreferenciada para consultar datos territoriales y recibir aportaciones ciudadanas.
La titular de Semarnat propuso revisar y homologar los impuestos ambientales estatales para que su recaudación se destine a la conservación y restauración de ecosistemas, además de destacar el pago por servicios ambientales como mecanismo para reconocer el trabajo de ejidos y comunidades que protegen bosques y selvas.
Bárcena recordó el compromiso de México de reducir 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y mencionó la recuperación de 306 mil hectáreas de concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, así como el plan de restaurar cerca de 59 mil hectáreas en 76 sitios prioritarios.
Finalmente, convocó a fortalecer la participación del Poder Judicial en la garantía del acceso a la justicia ambiental y destacó el Acuerdo de Escazú como instrumento para proteger los derechos de información, participación y protección de defensores del medio ambiente.